La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el régimen de transparencia fiscal, que entrará en vigencia desde el 1 de enero. En una primera etapa, la medida obliga a las grandes empresas a discriminar en sus facturas el IVA y otros impuestos nacionales indirectos que inciden en los precios que pagan los consumidores finales.

La medida, instrumentada a través de la Resolución General 5614/2024, se implementará de forma escalonada y se extenderá paulatinamente a contribuyentes de menor tamaño.

La Federación Económica de Tucumán (FET) elogió al gobierno de Javier Milei por la reglamentación de la norma, al afirmar que servirá para "que se vea lo que pagamos en impuestos".

"Es un paso clave para mostrarle a la ciudadanía que una gran parte del precio que paga, corresponde a impuestos y tasas, y no a márgenes excesivos de la actividad privada. Esto aporta claridad y confianza en el proceso económico", dijo el titular de la FET, Héctor Viñuales. 

El empresario subrayó en un comunicado que "la alta presión en Argentina es una realidad que no se debe ocultar". "Es fundamental que el consumidor sepa qué está pagando, porque esto no sólo educa en lo fiscal, sino que promueve un diálogo más justo entre el Estado, los empresarios y la sociedad", añadió.

Además, Viñuales señaló que la FET reafirma así su "compromiso con una economía transparente y equitativa, respaldando políticas que brinden información clara y precisa a los ciudadanos". 

La norma

La norma contempla que el resto del universo de los responsables inscriptos en IVA podrán sumarse al régimen de transparencia fiscal de forma opcional hasta el 31 de marzo de 2025 y obligatoriamente a partir del 1° de abril. Todos los comprobantes deberán tener una línea en donde se detalle el monto correspondiente al impuesto al valor agregado y, cuando sean emitidos por una empresa grande, también indicarán los impuestos internos que incidan en el precio final que paga el consumidor.

Según destacó la FET, la medida permitirá:

- Generar mayor conciencia fiscal en la población.

- Evitar malentendidos sobre la responsabilidad  de la actividad privada en la conformación de los precios.

- Transparentar la verdadera carga tributaria que impacta en los consumidores  y la empresas.